Una vez que pasen las elecciones de este domingo, grupos de madres en las provincias pedirán a las autoridades que se declare la emergencia en adicciones y salud mental en el país. Coincidirá con una nueva movilización nacional de familiares para denunciar que “la situación es crítica”, mientras especialistas y magistrados se reúnan en el Palacio de Tribunales del centro porteño por los obstáculos en todo el territorio que está generando la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental y la ausencia de políticas de prevención.
“Queremos que la sociedad se entere de lo que pasa. Que se sepa que necesitamos que se revise la ley”, expresan Marina Charpentier y Stella Maurig, referentes de @La Madre_Marcha, entidad que fundaron para ayudar a familias de personas en consumo. Todas las semanas, las contactan madres para contarles que sus hijos se suicidaron. “Ya no es algo aislado, es algo que vemos en las calles continuamente, es una bomba de tiempo que nos estalla en la cara y no lo quieren ver”, anticipa Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, sobre lo que mencionará durante la marcha.
El petitorio de nueve puntos que entregarán a autoridades de todo el país reclama que se aumente al 10% el presupuesto en Salud destinado a la salud mental, como lo define la ley y no se cumple desde su sanción en 2010, se multipliquen los lugares de atención ambulatoria, con internación y equipos multidisciplinarios, que exista una red de atención domiciliaria, se difunda el listado de profesionales especializados en cada jurisdicción, se facilite el patrocinio legal gratuito cuando sea necesaria la judicialización y se capacite a docentes, policías, médicos, enfermeros y agentes de salud sobre patologías mentales y adicciones.
“Es algo de lo que aún cuesta hablar y no es fácil visibilizar –afirma Charpentier–. Pero no es solo la adicción a las drogas. Es, también, el suicidio de adolescentes y jóvenes, el problema de la ansiedad, la adicción a las tecnologías, los ataques de pánico, la cantidad de personas medicadas. Hay tantas personas atravesadas por la salud mental y, de esto, no se habla porque no es agradable de hablar. La pandemia abrió una puerta para empezar a nombrarlo, pero hay un largo camino por recorrer.”
Ambas participaron de una entrevista con LA NACIÓN días antes de la tercera edición de una convocatoria que crece en el país frente a una crisis de adicciones y salud mental que está dañando a toda la sociedad. Esta semana, Morena Domínguez, de 11 años murió en Lanús cuando dos delincuentes le arrebataron el celular para comprar paco en el barrio porteño de Barracas. Ante la falta de estadísticas oficiales rigurosas, miden también el impacto a través de los pedidos de ayuda que reciben en sus redes sociales o los jueves, entre 17 y 19, en un espacio cedido en el Museo Larreta, en el barrio porteño de Belgrano: ahí, un grupo de profesionales, como Silvia Papuchado, Claudia Cassab, Julieta Mauri, Claudio Greco, brinda de manera gratuita información, orientan y contienen a familiares que concurren espontáneamente.
La convocatoria de este año es para el próximo martes, a las 14; en la Capital, será en la Plaza Lavalle, frente a la sede de la Corte Suprema de la Nación. Antes, había sido al Congreso para solicitar la revisión de la ley. Pero, este año, acompañarán así a psiquiatras que participarán de un seminario organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Analizarán la norma y las dificultades que enfrentan los jueces cuando tienen que tomar decisiones sobre pacientes.
“¿Cómo puede ser que en una situación en la que tiene que intervenir un profesional médico no hayan participado [en la redacción de la norma] los colegios de psiquiatras ni familiares que son los que padecen lo que es estar a diario frente a un enfermo? –plantea Charpentier–. La ley tiene un objetivo idílico de proteger el derecho humano de la libertad, con lo que estamos de acuerdo, pero una persona que consume no tiene libertad porque está presa de algo, que puede ser una sustancia, el juego de azar o lo que sea. No decimos que la ley no sirve, sino que hay que modificar los artículos que impiden que la ley valga.”
Esto, según van detallando ambas, quiere decir que la norma permita que los padres o las familias puedan internar a sus hijos o integrantes con adicciones, llevarlos a tratamiento, tener un equipo interdisciplinario, que haya lugares de internación, que estén las camas disponibles y existan centros de desintoxicación. Ponen como ejemplo el que funciona en el Hospital Fernández. “Y, sobre todo –acota Charpentier–, que haya prevención, como manda la ley. ¡Hace 20 años que no hay una sola campaña de prevención!”
Bajo la lupa
¿Qué artículos piden modificar? El 18, 20 y 27 son los primeros que mencionan las promotoras de @LaMadre_Marcha. “El 20 es el principal, aunque por eso no más importante que el resto”, dice Maurig. Su hijo se suicidó en 2019 después de años de consumo. Charpentier hizo público su reclamo de adecuación de la norma en una jornada por el Senado de la Nación para analizar su aplicación tras una crisis del cantante. “¿Qué orden de allanamiento debo tener para salvarle la vida a mi hijo?”, lanzó, en ese momento, ante legisladores y en llanto.
El artículo 20, que más cuestionan los familiares de personas con adicción, manda que la internación involuntaria sea “excepcional”. ¿En qué casos? Cuando no sea posible el tratamiento ambulatorio y profesionales de la salud adviertan una “situación de riesgo cierto e inminente” para la persona o terceros. Pero es necesario que dos médicos de distintas especialidades (uno tiene que ser psicólogo o psiquiatra) y sin relación alguna con la persona a internar tienen que firmar un dictamen profesional. Solo lo pueden hacer si no existe otra “alternativa eficaz para su tratamiento” y un informe debe detallar qué se intentó antes.
Esa internación involuntaria, de acuerdo con el artículo 21, se tiene que notificar a un juez y al Órgano de Revisión (equipo de abogados que monitorea la aplicación de la ley) antes de las 10 horas. El magistrado tiene tres días corridos para autorizar o no la internación, pedir más informes o peritajes. “El juez sólo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla”, indica la norma.
“Habría que eliminar el término «inminente» porque si una persona que ingresa a hospital dejó de querer herir a otra o a sí mismo, el riesgo ya deja de serlo –comenta Maurig, especialista en drogodependencia y psicoeducadora–. Podría considerarse, en su lugar, «a largo plazo» porque si no es en ese momento, lo será en otro si la persona continúa consumiendo. Es un artículo de la ley bastante discutido porque, también, cuando en los hospitales no están los equipos multidisciplinarios ni, en la mayoría, existe un centro de desintoxicación ni las 10 camas para salud mental. En la realidad vemos cómo los hospitales no se adecuaron todos estos años, desde la sanción de la ley [en 2010], para la atención de las personas con adicciones y problemas de salud mental, que no pueden estar en las guardias o salas con personas con otras urgencias.”
Los criterios de internación también quedan bajo la lupa. “Si la persona comprende y responde cuando el profesional le pregunta el nombre, dónde vive y si trabaja o vive solo, de lo que se infiere que está ubicada en tiempo y forma, se considera que no reúne esos criterios y se va a su casa de vuelta con el familiar que lo llevó. Además, está el artículo 18, que dice que la persona, una vez que se logró la internación para iniciar el tratamiento, puede abandonarla cuando lo desea”, detalla Maurig.
Hasta más de un millón
El tercer punto cuestionado es la imposibilidad de abrir hospitales solo para salud mental y adicciones. Lo prohíbe el artículo 27 de la ley cuando se refiere a “nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes”, sea en el sector público o privado. Habla de “dispositivos”, como pueden ser las comunidades terapéuticas que funcionan con las derivaciones de la Sedronar, donde hay lista de espera de meses por camas y becas por los altos costos de los tratamientos, o las familias tienen que pagar desde $100.000 hasta $1,2 millón, según sean las características de las instalaciones y los servicios.
“Si hay hospitales especializados en las enfermedades pediátricas, infecciosas o cardiovasculares –argumenta Maurig–, por qué no puede haberlos para estas otras enfermedades. Las adicciones y los trastornos mentales son enfermedades. Lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y ser adicto es tener una enfermedad. Hay que decirlo con todas las letras. Además, la ley mezcla la salud mental con las adicciones, autoridades hablan de cerrar manicomios y colocan carteles como en el hospital de Melchor Romero que los asimilan a centros de tortura. Eso es tener desprecio por una persona con una enfermedad.”
Las historias y pedidos de ayuda que reciben desde todo el país demuestran que la realidad de los principales centros urbanos es, a la vez, muy distinta al interior de las provincias, donde los recursos no están, pero sí las adicciones y los trastornos de salud mental. Hasta mencionan localidades a 200 kilómetros desde la Plaza de Mayo donde no hay quien pueda atender adicciones y las familias no saben qué hacer.
“Parecería que querer salvarle la vida a un hijo o a un ser querido es invadirle sus derechos humanos, cuando la ley se jacta que los defiende y, justamente, está haciendo lo contrario”, dice Maurig. “La voluntad del paciente está tomada por la droga –continúa Charpentier–: ningún adicto tiene sano juicio para decidir qué está bien y qué está mal sobre su salud. Cuando se tiene la suerte de que un hijo diga «Me quiero internar» porque no da más o está en problemas, no hay donde internarlo aunque se judicialice. Cualquier familia de cualquier provincia va a decir que se necesitan hospitales especializados.”
El interés político en este asunto lo midieron a partir del funcionamiento de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación. “No sesionó”, mencionaron. Su presidenta, Mónica Fein (Socialismo), tampoco atendió un pedido de reunión. Demandan, también, estadísticas robustas y actualizadas.
“Se necesita información: los padres no saben lo que es la enfermedad. Madres nos cuentan que les van a comprar las drogas a sus hijos para que no entren en una villa, mientras hay quienes piensan que la marihuana es un yuyo que no hace nada. Si nosotras pudimos armar un grupo con profesionales para ayudar, ¿por qué no lo puede hacer el Estado en los hospitales?”, plantea Charpentier, que es trabajadora social.
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