Tras el ataque a balazos a una capilla, el padre Fabián Belay advierte que sin un acuerdo multipartidario no hay salida a la violencia narco.
Sergio Rubin
Cuando la problemática de la droga comenzaba a crecer fuerte en Rosario, el padre Belay inició una serie de proyectos de prevención y de recuperación de adictos enmarcados en la Comunidad Padre Misericordioso. Arrancó en 2009 con una granja de internación para personas en situación de calle. Actualmente lleva adelante más de 30 emprendimientos entre los que se cuentan dos granjas de internación, un centro de día para varones y otro para mujeres, y un refugio para 50 personas también en situación de calle. Además de nueve centros de vida en los barrios más problemáticos, pertenecientes a la red nacional de Hogares de Cristo.
-Con los chicos de entre seis y 14 años se trabaja mucho en la prevención. Creamos también escuelitas de fútbol y una liga interna para adolescentes entre 14 y 16 años. Todo esto está en los ocho barrios más problemáticos. Los centros de vida cuentan con equipos interdisciplinarios para brindarles contención y acompañamiento en la salida de las adicciones. A los jóvenes se los impulsa a que recuperen la escolaridad, a la capacitación en un oficio, al acceso a un primer trabajo. Finalmente, las granjas están fuera de los barrios y allí se encara un intenso proceso terapéutico. En total actualmente asistimos a unas 1.300 personas.
-Mientras tanto, la oferta y la demanda de droga creció en la ciudad…
–El problema en Rosario es, por un lado, que no hay campañas de prevención, campañas que problematicen el consumo, desde hace 30 años. Eso llevó a su naturalización. Por el otro, que también desde hace 30 años se dejó de fortalecer el trabajo comunitario en los barrios carenciados como los clubes. Rosario creció en el centro, en cuanto ciudad turística con plazas hermosas, calles bien pavimentadas, o sea, invirtió en lo que se ve, en lo estético. Pero en los barrios, donde el Estado solo cuenta con los centros de salud y las escuelas, se debilitó la red de contención y cuando el Estado se retira aparecen otros actores.
-Y la violencia no deja de escalar. Ya hubo 138 asesinatos desde enero y es probable que se llegue a un nuevo récord este año…
–Es que al de la droga se suma otro gran problema que es el de las armas. En la ciudad hay muchas armas circulando. Entonces, frente a cerca de un 40 % de la población en la pobreza, un sistema educativo debilitado después de la pandemia, falta de acciones comunitarias en el territorio y que no está problematizado el consumo, más la pasividad ante las armas, estamos ante un cóctel perfecto para que el drama crezca. Lo que vive Rosario revela que el Estado no está a la altura. Puede ser por falta de formación, de herramientas o por connivencia. Lo cierto es que no hubo ninguna política que haya logrado reducir la violencia, las muertes y toda esta situación.
-¿A qué atribuye el ataque a la capilla?
-Detrás de esto está el debilitamiento del Estado en el territorio. Porque, si una persona es amenazada de muerte o baleada, eso no tiene ninguna consecuencia. Las personas quedan totalmente desprotegidas. Eso provoca que el amenazado termine respondiéndole al que lo amenaza y por eso se producen los enfrentamientos entre bandas. Si alguien que va a un centro como los nuestros y está vinculado con un conflicto, muchas veces se termina atacando ese lugar, pero lo que se quiere atacar es a la persona. Y como no hay códigos, los que están en las balaceras son adolescentes en consumo, víctimas de un sistema que los esclaviza y los usa como material descartable.
-No obstante, esos ataques ponen en riesgo a los que concurren a las escuelas y a los emprendimientos de la Iglesia y de otras instituciones…
-Las balaceras están empezando a poner en riesgo a los chicos que van a las escuelas, a los docentes, a los que concurren a los centros de saludos, al personal sanitario, a los profesionales y voluntarios que se desempeñan en nuestras iniciativas. Y por añadidura comienzan a poner en peligro el funcionamiento de la red endeble que tenemos. Porque si se ve amenazada la vida de los referentes comunitarios, que es el último bastión de contención en los barrios, entran en crisis un montón de cosas. En el caso del ataque a la capilla Santa Rita, en el barrio Ludueña, donde los salesianos tienen un gran trabajo comunitario, se suspendieron las clases en la escuela que está a 50 metros y el servicio en los comedores.
-¿La dirigencia política no termina de tomar conciencia sobre la gravedad de la situación?
–Considero que toda la clase política usa esta situación como slogan de campaña y cada candidato para denigrar al contrincante. Pero lo que se necesita es un gran acuerdo. Mientras cada candidato no haga un llamado a la búsqueda de un consenso todo lo que digan será puro slogan. Acá se necesitan políticos trabajando durante muchos años porque hay que fortalecer el sistema educativo, necesitamos escuelas de jornada extendida con doble escolaridad, inversión en clubes de barrio, formación laboral y creación de empleo, campañas de prevención, capacitación del personal sanitario en adicciones, programas de justicia restaurativa para la reinserción de jóvenes con primeras causas o delitos leves…
-Es un gran desafío…
-Insisto: acá hace falta una transformación del Estado que trasciende una gestión de cuatro años y que no será posible sin el acuerdo de todas las fuerzas políticas y entre todas las instituciones de la sociedad civil. Porque todos los gobiernos prometen seguridad y Rosario está cada vez peor.
El cura que lucha contra las adicciones en Rosario dice que los políticos no reaccionan (clarin.com)
